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Buenos Aires, Argentina, |
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Cuando no pasea por los links de golf, Carlos Menem recorre los tribunales donde tiene pendiente media docena de causas en las que la justicia federal investiga supuestos actos de corrupción durante su gobierno. El ex presidente está a la espera de que se fije fecha para su juicio oral y público en una causa en la que se investiga el supuesto pago de coimas en la privatización del control del espacio radioeléctrico, que habría favorecido a la empresa Thales Spectrum.
El ataque contra la AMIA también dejó una investigación abierta que involucra a Menem. En ella está procesado por supuesto encubrimiento, pues evitó que se investigara una de las pistas que apuntaban hacia ciudadanos de ascendencia siria.
Además, está procesado por el delito de peculado por el pago de sobresueldos a los ministros que integraron su gabinete. La Justicia lo investiga también por las cuentas en Suiza, por el fallido contrato con Siemens para la confección de nuevos DNI y la venta de terrenos a la Sociedad Rural. Por lo pronto, ya está en juicio oral en la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia.
En el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Penal Nº 3 (TOPE 3), el analista internacional Horacio Calderón, quien a fines de los ’80 y comienzos de la década siguiente fue representante de numerosas empresas proveedoras del Ministerio de Defensa en Medio Oriente y Africa del Norte, prestó declaración ante el TOPE3 en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia.
El testimonio de Calderón comenzó con la exhibición de la serie de documentos que en 2001 demolieron los argumentos esgrimidos por el ex presidente Carlos Menem sobre la supuesta “luz verde” que le habría dado su colega estadounidense Bill Clinton para vender material bélico a los Balcanes, prohibido tanto por su país como por la ONU.
El primer documento fue el requerimiento oficial de material bélico firmado por el ministro de Suministros de Bosnia-Herzegovina, Alija Delimustafic, dirigido a nombre de Calderón en su carácter de director gerente de la empresa Interpar (sigla de International Partnerships Group).
El testigo relató que mientras se coordinaba una entrevista con el titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, él remitió con carácter de urgente copia del requerimiento a la sede de su firma en los EE.UU. a efectos de requerir un dictamen de su directorio.
La primera entrevista en Fabricaciones Militares fue mantenida por el testigo Calderón y el contador Carlos Federico Rubio, encargado de preparar un encuentro posterior con el interventor Sarlenga. Fue entonces cuando Calderón preguntó entre otras cosas a Rubio cómo haría FM para entregar cañones de 155 mm que no tenía almacenados ni en producción. Asimismo, una enorme cantidad de municiones, sin que tales piezas de artillería y las cargas fueran sacadas de los distintos regimientos argentinos. Preguntó también cómo se haría una operación de tal naturaleza sin transgredir un embargo de la ONU y las leyes aduaneras argentinas. Insistió además en saber si el presidente Carlos Menem estaba al tanto de ese tipo de operatoria. La respuesta de Rubio fue que el presidente Menem estaba al tanto de todo y que sólo “había que llevarle las cosas terminadas, es decir el paquete atado y con un moñito”.
Rubio le encomendó a Calderón además que se encargara de las negociaciones de las fronteras para afuera, especialmente en lo que se refería a la obtención de “certificados de uso final”, de países aceptables, preferiblemente Alemania e Italia. Tales certificados eran imprescindibles para evadir el embargo de la ONU y de los EE.UU., como sucedió posteriormente. Agregó Rubio que de las fronteras argentinas para adentro se iban a encargar ellos. Es decir, la red constituida por una pirámide a cuyo tope se encontraban el mismo presidente Carlos Menem, su cuñado Emir Yoma, Luis Sarlenga, Oscar Camilión y otros funcionarios civiles y militares comprometidos tiempo después en la causa.
Luego de la entrevista con Rubio, según declaró el testigo Calderón en 2001 y ratificó ante el TOPE 3, pidió a su socio Armando Labourt que fuera en su lugar a la entrevista con Sarlenga, que exhibiera pero no dejara la carta oficial de Bosnia dirigida a su persona y que se limitara a escuchar lo que las autoridades de FM tuvieran que decir. Sarlenga repitió -palabras más, palabras menos-, los mismos argumentos que Rubio, y Calderón y sus socios decidieron retirarse de cualquier gestión con esa institución por la ilegalidad en que iban a desarrollarse y el peligro futuro de enfrentar un escándalo político y judicial.
La empresa Interpar ratificó posteriormente que los EE.UU. no permitirían exportar material bélico a las ex repúblicas de Yugoslavia. Además, la respuesta estadounidense a Calderón -a la que el autor de esta nota accedió en 2001-, afirmaba que si bien el mismo Senado de los EE.UU. podría haber discutido la posibilidad de respaldar la exportación de algún material de defensa a Bosnia, dicha propuesta no había sido aprobada. También, que eso iba nada más ni nada menos que contra el embargo decretado el 11 de julio de 1991 por el mismo gobierno de los EE.UU., reforzado el 25 de septiembre del mismo año por la resolución 711 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La documentación de la Secretaría de Estado de los EE.UU., que el testigo presentó en junio de 2001 ante el juzgado del juez federal Jorge Urso y la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli, fue revisada y confirmada en la audiencia ante el TOPE 3.
Por Walter Goobar
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